La Justicia provincial procesó al exintendente Carlos Villalba

DATO EXTRA |El destituido intendente de Salvador Mazza está sintiendo cada vez con más fuerza el peso implacable de la Justicia, luego del procesamiento que le dictó ayer el juez de Instrucción Número Uno de Tartagal, Nelso Aramayo, por el delito de peculado. Se trata de un delito establecido en el artículo 233 del Código Penal Argentino, que castiga con penas de dos a catorce años de prisión al funcionario público que para uso propio o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores o fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular.

Esta causa fue impulsada por el Concejo Deliberante anterior a partir de un lapidario informe de la Auditoria General de la Provincia que determinó que en los seis años al frente del municipio fronterizo Villalba hizo uso y abuso de los fondos públicos. El organismo de control detectó más de un centenar de irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la Municipalidad, con un faltante en efectivo de alrededor de 16 millones de pesos. Pese a este dictamen, el gobernador Juan Manuel Urtubey no solo lo mantuvo en el cargo, sino que lo siguió alimentando con adelantos de la coparticipación y otros beneficios.
La impunidad para Villalba se terminó el 15 de agosto pasado cuando fue sorprendido en un prostíbulo de la capital salteña donde se explotaba y facilitaba la prostitución con fines de trata de personas. Durante el procedimiento realizado por agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Policía Federal se detectó la presencia de dos chicas que habían sido trasladadas hasta el lugar por el cuestionado dirigente del Partido Renovador de Salta. 

Tras la declaración de las mujeres, Villalba quedó imputado por el delito de trata y hasta el momento no fue indagado al haber apelado la citación realizada por el juez federal Miguel Antonio Medina. La conducta del funcionario fue cuestionada por todo el país y eso determinó que la Legislatura resolviera la intervención al municipio y la convocatoria a elecciones para elegir a su sucesor. Como la ley que se aprobó no le impuso ninguna restricción, Villalba aprovechó la coyuntura y se anotó en la lista de candidatos para recuperar el poder. Lo hizo con el aval del propio gobernador Urtubey, quien le prestó el sello del Partido Justicialista para que se postulara por el oficialismo, luego de que el PRS le cerrara las puertas y suspendiera su afiliación.
En carrera
Pese al procesamiento dictado por el juez Aramayo, Villalba podrá continuar con su candidatura a intendente de la localidad norteña por el Partido Justicialista porque el fallo no está en firme debido a que la defensa apeló ante el Tribunal de Impugnación. Como se recordará, tras la destitución de Villalba y la designación de la interventora Mercedes Juncos, se estableció un cronograma electoral especial para llamar a elecciones y definir al nuevo intendente de la localidad de Salvador Mazza hasta el 2015. Dichos comicios se realizarán junto con las elecciones legislativas provinciales, tanto las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias programadas para el próximo domingo, como las generales que se desarrollarán el 10 de noviembre. El electo intendente asumirá el 10 de diciembre.
Villalba, con el apoyo del aparato oficial, confía en recuperar la intendencia con los denominados “votos bolivianos”. Se trata de electores con doble nacionalidad que residen en Pocitos Boliviano y Yacuiba, donde el polémico dirigente cuenta con un importante caudal de adeptos a quienes desde la intendencia los asistía con planes trabajar y bolsones alimentarios.

El silencio de la interventora

Como prueba del aval del Gobierno a la candidatura de Carlos Villalba, la interventora Mercedes Junco confirmó al mismo gabinete del destituido intendente de Salvador Mazza. Hasta el momento la funcionaria no hizo referencia a la gestión ni a las auditorías sobre la cuentas del municipio durante los seis años de gestión del depuesto jefe comunal, algo que la mayoría de los vecinos y los integrantes de los concejos deliberantes anteriores vienen reclamando desde hace tiempo.
Este silencio de la interventora es interpretado por los habitantes norteños como una suerte de complicidad para no dañar más la imagen del hombre que aspira a cualquier precio recuperar el poder. Sin embargo el procesamiento que dictó ayer el juez Aramayo a Villalba echa por tierra los intentos del oficialismo. La expectativa está centrado ahora en el tiempo que se tomará el Tribunal de Impugnación para resolver la apelación al procesamiento que presentó la defensa del exintendente. ¿Lo hará antes de los comicios del 10 de noviembre?/ El Tribuno

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