Dicho procedimiento se ejecuta en base de la auditoría realizada en este organismo, que detectó numerosas irregularidades en la administración económico – financiera, consistentes en una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos, según manifiesta el decreto.
Asimismo, expresa la falta de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también la falta de libros contables manuales y de un sistema de registración financiero – presupuestario.
El informe de auditoría advierte que durante los años 2018 y 2019 se habría entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que hubiesen rendido el destino asignado a los mismos, como también el retiro de dinero de la cuenta bancaria “sin asignación específica” y sin intervención del área contable, es decir sin contar con la pertinente orden de pago.
El decreto contempla además la creación de una comisión Interventora y Normalizadora la que deberá adoptar las medidas necesarias para la regularización de este ente autárquico. Esta comisión estará integrada por Ramiro Chávez, José Campos Bertoldi y Adriana Cantarero.
Cabe destacar que el decreto firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey posee intervención de la Jefatura de Gabinete, los ministerios del Poder Ejecutivo y la secretaría General de la Gobernación.
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